http://hdl.handle.net/20.500.12953/84 Sat, 01 Aug 2026 11:33:58 GMT 2026-08-01T11:33:58Z http://hdl.handle.net/20.500.12953/322 Materias: Expediente civil: Prescripción aditiva adquisitiva de dominio EXP. N°01714-2017-0-0401-JR-CI-02. Expediente especial: Publicidad comercial, acto contra el principio de Legalidad . N°80-2020/CCD Ramos Fernández, Jenifer Yajaira En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se tiene el análisis y el desarrollo de dos expedientes, uno en materia civil y otro en material administrativo en protección al consumidor, a fin de determinar los problemas jurídicos que se detectaron del análisis. Ambos expedientes existen controversias jurídicas, las cuales se han estudiado para poder determinar lo que se solicita por las partes. El Expediente Judicial N° 01714-2017-0-0401-JR-CI-02, es referente a Prescripción Adquisitiva de Dominio seguido por M.A.H.L. en calidad de demandante en contra del Banco de Materiales en calidad de demandado. Por otra parte, se tiene el Expediente Administrativo N° 80-2020/CCD, en materia de competencia desleal, donde la J.C.G. en calidad de tercero administrado solicita que se imponga una media correctiva prohibiendo el uso de cualquier fruta o productos naturales que no posea, así como el pago de costas y costos del proceso a la empresa Arcor de Perú S.A. quien estaría en calidad de denunciada por la presunta infracción al principio de legalidad, contemplado en el art. 17° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la inobservancia del inciso m), art. 8° de la Ley N° 30021. Base a lo mencionado se desarrollará el informe jurídico, donde se explicará los aspectos jurídicos relevantes y la perspectiva que se tuvo de cada expediente con el fin de determinar la postura jurídica adecuada. Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/20.500.12953/322 2026-07-13T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.12953/321 Expediente civil: Obligación de dar bien cierto e indemnización de daños y perjuicios EXP. N° 03646-2017-0-0401-JR-CI-06. Expediente especial: Procedencia, barrera burocrática EXP. N° 000190-2021/CEB. Mendoza Pérez, Ronal Edmundo El presente trabajo aborda el análisis de dos expedientes –uno de naturaleza civil y otro de naturaleza administrativa–, en los que se advierten distintos problemas jurídicos que, inciden en la forma en que las autoridades han resuelto las controversias planteadas. En el ámbito civil, el caso se refiere a una obligación de hacer vinculada a la entrega de un vehículo que no fue restituido. A tal efecto, la demandante aduce tanto la devolución del bien como el pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados. Más por el contrario, la parte demandada sostiene una versión orientada a eximirse de responsabilidad, alegando haber sido víctima de un engaño. En principio, la decisión de primera instancia reconoció la indemnización; sin embargo, se colige que el análisis resultó incompleto, especialmente en lo referido a la intervención de los codemandados. De otro lado, la segunda instancia corrige parcialmente este aspecto, incorporando a uno de ellos bajo una lógica de actuación conjunta que, a todas luces, se aproxima a una sociedad irregular. Con todo, no termina de quedar delimitada la naturaleza de la responsabilidad asumida, ni se aprecia una valoración conjunta suficientemente desarrollada de los medios probatorios, lo que —indefectiblemente— podría generar dificultades en la etapa de ejecución. En lo que respecta al expediente administrativo, la controversia gira en torno a la denuncia formulada contra una entidad pública por la restricción horaria en el funcionamiento de su mesa de partes virtual, la cual es cuestionada por constituir, según se alega, una barrera burocrática ilegal. En principio, la autoridad administrativa consideró fundada la denuncia; no obstante, dicha decisión fue posteriormente revocada. Más por el contrario, la entidad denunciada sostuvo la validez de la medida en el ejercicio de sus competencias, descartando la aplicación del marco normativo invocado por la denunciante. Atendiendo a lo señalado, y sin perjuicio de lo resuelto, se advierte que la restricción impuesta no resulta del todo compatible con criterios de razonabilidad, máxime si incide directamente en el ejercicio del derecho de defensa del administrado, particularmente en un contexto donde los canales digitales constituyen, en la práctica, la principal vía de acceso a la administración. En ese sentido, ambos casos ponen en evidencia la necesidad de una motivación más rigurosa y coherente por parte de las autoridades, no solo en la determinación de responsabilidades, sino también en la justificación de las medidas adoptadas, a fin de evitar interpretaciones restrictivas que, a la postre, terminen afectando derechos fundamentales. Salvo mejor parecer. Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/20.500.12953/321 2026-07-13T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.12953/318 Análisis del derecho a la estabilidad laboral en el sector privado en la normativa peruana y su relación con la formalidad de la PEA (Población Economicamente Activa) Cruz Nina, Dayana María La presente tesis se encuentra fundamentada en determinar si el derecho a la estabilidad laboral vigente en el Perú tal como está normado afecta positiva o negativamente a la generación del empleo formal en la Población Económicamente Activa (PEA) en el sector privado. Se revisa, en tal sentido, los conceptos básicos de doctrina y legislación acerca de la estabilidad laboral, formalidad laboral y la comparación del tratamiento de la estabilidad laboral con otros países de la región. La relevancia de la investigación, radica en que esta ha realizado un análisis crítico del derecho a la estabilidad laboral en el Perú, evaluando su efectividad práctica y su impacto dentro del ordenamiento jurídico; además, ha contribuido al estudio del Derecho Laboral peruano desde un enfoque interdisciplinario; y, finalmente, ha visibilizado la desconexión entre los derechos laborales reconocidos y su aplicación real, destacando la urgencia de un modelo de desarrollo laboral más justo, inclusivo y con enfoque de derechos. La metodología empleada en la presente investigación se caracteriza por ser de enfoque cualitativo, de tipo básico, de nivel explicativo y de diseño no experimental, la cual, a través del método dogmático, permitió el análisis de doctrina, legislación, jurisprudencia y data estadística relacionada con la formalidad y la estabilidad laborales en la PEA. Todo ello permitió arribar a la conclusión de que el derecho a la estabilidad laboral, tal como está regulado en el Perú, no contribuye de manera significativa ni suficiente a la generación de empleo formal en la PEA en el sector privado. Su formulación ambigua, la débil implementación, y el contexto económico estructuralmente informal limitan su eficacia como herramienta de inclusión laboral. Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/20.500.12953/318 2026-07-13T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.12953/317 Expediente civil: Indemnización por daños y perjuicios EXP. N. ° 00628-2016-0-1601-SP-CI-03. Expediente especial: Robo agravado EXP. N. ° 00752-2020-82-3401-JR-PE-02 Ochochoque Choquipata, Daniela Mabel Vidal El Expediente Judicial Civil Nro. 00628-2016-0-1601-SP-CI-03, nace por la demora de la ONP en la aplicación de la Ley N. ° 23908, al jubilado Juan Vásquez Tejada, quien solicitó indemnización por daños extra-patrimoniales al considerar que la ONP actuó de forma dolosa al no aplicar el reajuste de su pensión, teniendo que recurrir a un proceso constitucional; mientras que la ONP, consideró que la aplicación de referida ley no le correspondía al pensionista por no cumplir con los requisitos, además que no hay dolo o culpa que pueda ser imputada a la Administración Pública. El proceso concluyó con una sentencia casatoria reconociendo la existencia del daño extrapatrimonial por parte de la ONP, criterio que comparto al establecerse la responsabilidad civil extracontractual por parte del Estado. El Expediente Judicial Penal N.º 00752-2020-82-3401-JR-PE-02, nace a partir de los hechos suscitados en diciembre de 2019, en el que los agraviados Gladiz Diana Tomas Navarro y Marcelo Pablo Hilario Andrade, fueron víctimas de un presunto robo agravado. Frente a esto, el Ministerio Público acusó a Kevin William Baldeón Cabezas como autor del mencionado ilícito penal. El colegiado de primera instancia resolvió condenar al acusado como autor del delito de robo agravado; apelada la sentencia, el órgano superior resolvió declarar fundada la pretensión impugnatoria, revoca y reforma la sentencia de primera instancia, declarando al acusado autor del delito de hurto agravado. Finalmente sube en recurso de casación a la Sala Penal Permanente que declara fundado dicho recurso y confirma la sentencia de primera instancia. Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/20.500.12953/317 2026-07-10T00:00:00Z