Expediente civil: Obligación de dar bien cierto e indemnización de daños y perjuicios EXP. N° 03646-2017-0-0401-JR-CI-06. Expediente especial: Procedencia, barrera burocrática EXP. N° 000190-2021/CEB.

Abstract

El presente trabajo aborda el análisis de dos expedientes –uno de naturaleza civil y otro de naturaleza administrativa–, en los que se advierten distintos problemas jurídicos que, inciden en la forma en que las autoridades han resuelto las controversias planteadas.

En el ámbito civil, el caso se refiere a una obligación de hacer vinculada a la entrega de un vehículo que no fue restituido. A tal efecto, la demandante aduce tanto la devolución del bien como el pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados. Más por el contrario, la parte demandada sostiene una versión orientada a eximirse de responsabilidad, alegando haber sido víctima de un engaño. En principio, la decisión de primera instancia reconoció la indemnización; sin embargo, se colige que el análisis resultó incompleto, especialmente en lo referido a la intervención de los codemandados. De otro lado, la segunda instancia corrige parcialmente este aspecto, incorporando a uno de ellos bajo una lógica de actuación conjunta que, a todas luces, se aproxima a una sociedad irregular. Con todo, no termina de quedar delimitada la naturaleza de la responsabilidad asumida, ni se aprecia una valoración conjunta suficientemente desarrollada de los medios probatorios, lo que —indefectiblemente— podría generar dificultades en la etapa de ejecución.

En lo que respecta al expediente administrativo, la controversia gira en torno a la denuncia formulada contra una entidad pública por la restricción horaria en el funcionamiento de su mesa de partes virtual, la cual es cuestionada por constituir, según se alega, una barrera burocrática ilegal. En principio, la autoridad administrativa consideró fundada la denuncia; no obstante, dicha decisión fue posteriormente revocada. Más por el contrario, la entidad denunciada sostuvo la validez de la medida en el ejercicio de sus competencias, descartando la aplicación del marco normativo invocado por la denunciante. Atendiendo a lo señalado, y sin perjuicio de lo resuelto, se advierte que la restricción impuesta no resulta del todo compatible con criterios de razonabilidad, máxime si incide directamente en el ejercicio del derecho de defensa del administrado, particularmente en un contexto donde los canales digitales constituyen, en la práctica, la principal vía de acceso a la administración.

En ese sentido, ambos casos ponen en evidencia la necesidad de una motivación más rigurosa y coherente por parte de las autoridades, no solo en la determinación de responsabilidades, sino también en la justificación de las medidas adoptadas, a fin de evitar interpretaciones restrictivas que, a la postre, terminen afectando derechos fundamentales. Salvo mejor parecer.